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Fútbol Si, Escuelas No: La Corte aceptó su competencia y avisó que resolverá esta semana

Matias Gonazalez | 19 abril, 2021

Son días clave para la Corte Suprema de Justicia, tironeada entre la tentación de la especulación política y el riesgo de perder autoridad institucional con sus incomprensibles silencios. La controversia por la apertura de las escuelas porteñas frente al DNU de Alberto Fernández que las cerraba por dos semanas es el último -extremo- episodio de una saga en cuyo devenir la Corte viene perdiendo jirones de prestigio. Pasado el mediodía del lunes, un shock eléctrico la hizo reaccionar.

Luego del dictamen de la procuración general de la Nación, y mientras se discutía cuántos días de plazo se le daría al gobierno para responder, de golpe el máximo tribunal dio un volantazo: por cuatro votos contra uno -de la doctora Elena Highton– aceptó su competencia origi​nal para tratar el reclamo del gobierno porteño, avisó que la cuestión “se sustanciará por las normas del proceso sumarísimo, por el plazo de cinco días” y dejó sin efecto “la comunicación a la Procuración del Tesoro de la Nación ordenada el 16 de abril del corriente año”. Es decir el viernes.

Se dijo y se repite: los ministros del máximo tribunal escapan como gatos ante el agua a cualquier intento de ser utilizados como prenda de arbitraje para dirimir diferencias políticas. Eso es sano y deseable. Pero no siempre sostenible.

La dinámica confrontativa que viene dominando los vínculos entre el oficialismo y la oposición desde hace años -aún cuando esos roles estaban invertidos bajo la presidencia de Mauricio Macri– escaló de inmediato hacia los tribunales: la falta de consenso para las grandes decisiones -y también las pequeñas- primero llega al Congreso como pelea legislativa, y si allí no se resuelve se cristaliza en decretos de necesidad y urgencia cuya mayor o menor “arbitrariedad” se discute en la justicia. Más o menos rápido.

Ese circuito vicioso aceleró su velocidad en los últimos meses, dejando expuesta más y más la incapacidad de toda la dirigencia argentina para trazar mínimas políticas de Estado y basar sus resoluciones en información dura que no se vea deformada -u omitida- por el prisma de las necesidades políticas. O peor: de los proyectos o enconos personales de los funcionarios.

El intempestivo DNU con el que Alberto Fernández cerró a cal y canto las aulas del AMBA contra todos los datos, análisis, estadísticas y opiniones de expertos, sanitaristas y de sus propios ministros, hizo trizas el delgado hielo sobre el cual se apoyaban las medidas para enfrentar la gravísima segunda ola de coronavirus en el país.

Horacio Rodríguez Larreta jugó su única carta: acudir a la Corte para que anule aquel decreto en el capítulo concerniente a las escuelas porteñas. Pero el mensaje de su botella cayó en un mar embravecido por corrientes turbulentas. Los cinco ministros de la Corte apenas si mantienen el mínimo diálogo institucional necesario para “sacar” los temas menos calientes y hacer andar el carro, pero no hay entre ellos el fuego sagrado que los interpele en su función como cabeza de uno de los tres poderes del Estado, angustiosamente necesitado de liderazgo.

La Corte no tiene plazos legales para expedirse, es decir para tomar el tema, para resolver el pedido de dejar o no las escuelas funcionando, o para responder a la cuestión de fondo respecto de la autoridad o no de un presidente para decidir en cuestiones de potestad provincial, y con qué argumentos debe justificarla.

Las noticias decían este lunes por la mañana que la discusión interna era sobre cuántas horas de plazo se le daría a la Procuración del Tesoro comandada por Carlos Zannini para responder el “traslado” -la notificación de que la Corte analiza el tema luego de un dictamen del procurador general- que se le enviará durante el día. ¿48 horas? ¿72? ¿Cinco días? Esas eran las opciones. Más o menos como estudiar si las lamparitas del Titanic deben ser de 50, 75 0 100 watts.

Era demasiado: esa potestad temporal que le otorga la Constitución también expone la voluntad de la Corte de tomar el toro por las astas o la más especulativa de mantenerse sentada en el tendido mientras el torero pelea solo sobre la arena. Ese gesto clave -aquella única oportunidad para causar una primera impresión, como recordaba Julio Blanck– es un primer mensaje a los contendientes -Alberto y Larreta- pero también a todos los jueces y tribunales inferiores, y en definitiva a todos los argentinos.

No había que ser criptógrafo para comprender el mensaje: en el cuarto piso del palacio de la calle Talcahuano no había ansias de comprometerse con el tema que mantiene en vilo al país. Frío cálculo institucional, para no verse arrastrado por las coyunturales demandas de los políticos. O timidez para el coraje, como también recordaría el inigualable Blanck.

Pero la molicie se terminó de repente pasadas las 13: con una veloz -y bienvenida- sincronización, Carlos RosenkrantzRicardo LorenzettiJuan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti firmaron al unísono la breve resolución que toma para la Corte la competencia del asunto -el gobierno la discutía- y advierte que será resuelta con tratamiento sumarísimo. La doctora Highton, en cambio, rechazó la competencia de la Corte, en consonancia con los deseos del oficialismo.

Así como el silencio y el apego al tramiterío burocrático representaban una señal inequívoca de la intención de la Corte de mantenerse alejada del tironeo político, el sorpresivo giro sobre sus pasos es un nuevo mensaje, doblemente potente por desandar el camino iniciado. Ahora habrá que esperar la resolución final. En la que, aún con el máximo esfuerzo de mantener equilibrio y ofrecer compensaciones, habrá ganadores y perdedores.

Written by Matias Gonazalez

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